Abinader otorga pensiones millonarias a una ex funcionaria cuestionada mientras expresa decepción y traición por casos de corrupción en su entorno
Santo Domingo, 5 de abril de 2026.- En medio de declaraciones en las que el presidente Luis Abinader ha confesado sentirse decepcionado y traicionado por gente cercana involucrada en actos de corrupción, su gobierno ha otorgado pensiones especiales del Estado a exfuncionarias con trayectorias controvertidas, generando fuertes críticas por aparente inconsistencia en el manejo de recursos públicos y lealtades políticas.
El caso más reciente es el de Mariles Novas Labort de 67 años, quien militó más de 30 años en el PLD, renunció en 2023 tras cuestionar encuesta interna y se juramentó en el PRM en enero de 2024.
Novas Labort asumió como alcaldesa de Vicente Noble, Barahona, tras el fallecimiento del alcalde electo por COVID-19. Mediante el decreto 21-26 del 15 de enero de 2026, Abinader le concedió una pensión mensual de RD$50,000. El mismo decreto benefició con RD$75,000 a la exgobernadora de Barahona, Genara González Marmolejos, y con otros montos a más personas.
Días antes, el decreto 45-26 del 27 enero de 2026 dispuso una pensión de RD$90,000 mensuales a Wanda Altagracia García Rondón de Pimentel, exdirectora del Acuario Nacional. García fue suspendida en noviembre de 2023 y destituida en enero de 2024 tras denuncias de nepotismo, incluyendo la designación de su yerno como asesor, irregularidades en contrataciones y manejo cuestionado de recursos públicos, según investigaciones periodísticas y de la Dirección General de Contrataciones Públicas. A pesar de esos señalamientos, recibió la alta pensión más de dos años después de su salida.
Estas decisiones contrastan con las palabras del presidente. En entrevista reciente, Abinader afirmó, “Me he sentido decepcionado y traicionado por gente cercana. El Ministerio Público es independiente; lo ideal es que paguen con cárcel y que devuelvan lo robado”. Sus declaraciones responden a varios escándalos de corrupción que han salpicado a funcionarios y allegados durante su gestión, en un momento en que el gobierno insiste en su compromiso con la transparencia y la austeridad.
Analistas y sectores de la opinión pública ven en estas pensiones un patrón preocupante, el uso discrecional de decretos presidenciales para otorgar beneficios económicos elevados (RD$50 mil y RD$90 mil mensuales) a personas con trayectorias políticas o administrativas cuestionadas, mientras miles de jubilados del sector privado y público reciben montos mucho menores tras décadas de cotizaciones.
Se cuestiona especialmente, la percepción de “premio” a tránsfuga política que cambia de partido poco antes de las elecciones. La compensación a una exfuncionaria destituida por irregularidades, lo que algunos interpretan como un mensaje de impunidad o protección a lealtades internas.
En un país con presiones económicas, inflación y demandas de mayor control del gasto, estos casos laceran la confianza ciudadana y alimentan el escepticismo sobre si la lucha anticorrupción aplica por igual o si, en la práctica, prevalece el clientelismo tradicional.
Hasta el momento, la Presidencia no ha emitido explicaciones detalladas sobre méritos específicos que justifican estas pensiones “especiales”. Mientras, el presidente Abinader reitera su decepción por las traiciones, pero los decretos continúan generando más preguntas que respuestas sobre coherencia entre el discurso y la acción gubernamental.
