La imparcialidad y la idoneidad técnica no son sugerencias, son imperativos constitucionales.
Resulta profundamente preocupante y ajeno a los estándares de la ética administrativa observar cómo quien ostenta la investidura de miembro del Comité de Excelencia Académica el órgano llamado a revisar con rigor y objetividad las presentes impugnaciones decide ventilar sus juicios de valor en la arena de las redes sociales.
Al suscribir públicamente un editorial de prensa y validar la metáfora de que cuestionar la prueba es “pedirle al termómetro que mienta para que el paciente se sienta sano”, el funcionario comete tres errores imperdonables a la luz del rigor académico y jurídico:
1. El intrusismo metodológico y la orfandad pedagógica:
Siguiendo su propia metáfora, los termómetros son construidos por especialistas en metrología, no por aficionados. De igual forma, una “prueba de alta consecuencia” es una ciencia rigurosa que exige la participación de expertos en andragogía, psicometría y diseño de instrumentos de medición educativa. Ser un jurista o litigante no otorga, por generación espontánea, las credenciales académicas ni las competencias técnicas para diseñar un sistema de evaluación estandarizado. Que la redacción y validación del examen recaiga sobre personas sin formación especializada en evaluación educativa, explica por sí solo el colapso métrico y los evidentes vicios de validez de la prueba. El rigor no nace de la simple voluntad ni de la autoridad, nace de la técnica.
2. El error evaluativo:
Cualquier especialista en medición comprende que el debate técnico jamás ha sido exigirle a un instrumento que mienta, sino cuestionar su calibración. El Artículo 11 del Reglamento exige medir “conocimientos mínimos”, pero el instrumento fue diseñado con niveles de especialidad. Si un termómetro está mal calibrado o fue diseñado para medir una escala distinta a la requerida normativamente, la temperatura que marca es una simple ficción. Asumir la infalibilidad del propio diseño, ocultando o careciendo de los estudios de validación estadística que lo respalden, no es rigor académico; es un dogma inaceptable en un Estado de Derecho.
3. El quebranto jurídico:
Más allá de la evidente falacia argumentativa, esta publicación constituye un grave e ineludible adelanto de criterio. Al amparo de la garantía fundamental del Debido Proceso (Artículo 39 de la Constitución Política), el jerarca u órgano encargado de resolver un recurso está revestido por el principio de objetividad e imparcialidad material. Pronunciarse públicamente ex ante, asumiendo una postura defensiva sobre la perfección del examen y descalificando de antemano a quienes lo impugnan, contamina irremediablemente el proceso administrativo. Quien ya emitió una sentencia absolutoria sobre su propio trabajo en redes sociales, carece de la neutralidad procesal necesaria para fungir como revisor.
La verdadera excelencia académica no requiere de defensas mediáticas ni de soberbia intelectual; se sostiene por sí sola a través de la transparencia probatoria, la idoneidad pedagógica de sus creadores y la prudencia de quienes ejercen el poder evaluador.
Es lamentable presenciar cómo la gravedad del cargo y la obligación del deber de probidad se diluyen frente a la vanidad de una publicación en redes sociales. El rigor no se pregona; se demuestra.
