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FUTUROS ABOGADOS EXIGEN IGUALDAD, TRANSPARENCIA Y FIN AL LUCRO DESPROPORCIONADO EN EL COLEGIO DE ABOGADOSSan José, Costa Rica. – El colectivo de postulantes, egresados y profesionales con el grado de Licenciatura en Derecho en proceso de incorporación, manifestamos nuestro más profundo y categórico rechazo a las actuaciones recientes de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.Bajo la falsa premisa de la “excelencia académica”, las autoridades gremiales han instaurado un sistema de evaluación represivo, antitécnico y discriminatorio, transformando el proceso de colegiatura en un modelo de exclusión profesional y de recaudación financiera desmedida.Denunciamos públicamente y con sustento jurídico los siguientes atropellos a nuestros derechos:

  1. Tasa de Aprobación Irreal y Bloqueo a la Competencia Profesional:
    Es estadísticamente absurdo y materialmente inaceptable que, de un promedio de 1,200 postulantes, únicamente 12 personas logren superar la prueba. Estos números evidencian que el instrumento no busca medir capacidades, sino que está diseñado deliberadamente como una barrera de contención. Su único fin es masacrar a los evaluados para frenar el ingreso de nuevos profesionales y proteger de la competencia laboral a los abogados que ya se encuentran incorporados.
  2. La Burla Financiera y Mercantilización del Proceso:
    Condenamos que el Colegio lucre descaradamente con profesionales a los que se les niega el derecho a ejercer. Resulta una burla completa y un cobro confiscatorio que se nos obligue a repetir el curso de Deontología Jurídica de forma anual, pagando reiteradamente la suma de ₡50,000 aun cuando ya lo hayamos cursado y aprobado por el simple hecho de no superar el examen de excelencia en el plazo de un año. A esto se le suma el alto costo económico de cada convocatoria de la prueba. El Colegio se está financiando a costa de postulantes a los que ni siquiera les permite afiliarse.
  3. Discriminación y Nulidad Absoluta por Exámenes Dispares:
    Resulta ilegal que a una misma generación de postulantes se le aplicaran evaluaciones materialmente distintas. Documentamos la existencia de exámenes con 75 preguntas y otros con 85 preguntas, exigiendo en ambos escenarios el mismo tiempo límite de 3 horas. Esta disparidad violenta flagrantemente el Principio de Igualdad (Art. 33 de la Constitución Política) y genera un evidente estado de indefensión. De conformidad con los Artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, someter a los evaluados a condiciones desiguales y sin parámetros estandarizados vicia el proceso de Nulidad Absoluta.
  4. Violación a la Igualdad de Trato (Mismo Título, Distintas Reglas):
    Quienes hoy nos sometemos a estas pruebas poseemos el mismo grado académico universitario que respalda a los actuales agremiados: Licenciados en Derecho. Resulta paradójico e hipócrita que los propios miembros de la Junta Directiva y miles de profesionales que hoy ejercen libremente, se incorporaron ostentando este mismo título sin haber sido sometidos jamás a este examen. Exigimos ser tratados con el mismo respeto al título universitario validado por el Estado costarricense.
  5. Violación a la Confianza Legítima (Cambio retroactivo de 70 a 80):
    Denunciamos el cambio arbitrario de la nota mínima de aprobación de 70 a 80 puntos, así como la eliminación intempestiva de la bonificación del 10% por el curso de Deontología. Esta decisión violenta el principio de irretroactividad (Art. 34 Constitucional), alterando las reglas a postulantes que ya habían consolidado su proceso bajo una normativa previa.
  6. Ilegalidad en la Estructura de la Prueba y Falta de Tiempo:
    La modificación sorpresiva en la estructura de los ítems, pasando de 3 a 5 opciones de respuesta sin previo aviso, violenta la Seguridad Jurídica. A esto se suma la exigencia irrazonable de resolver extensos y complejos casos prácticos en un tiempo ínfimo, e incluyendo preguntas fuera del temario oficial (como cuestionamientos sobre el Presupuesto del Poder Judicial). Aseguramos categóricamente que ni los propios miembros de la Junta Directiva lograrían aprobar el examen bajo estas mismas condiciones.
  7. Arrogancia y Trato Indigno por parte de la Junta Directiva:
    Rechazamos el maltrato, el sarcasmo y la falta de empatía demostrada públicamente por miembros de la Junta Directiva en redes sociales. El examen de incorporación se maneja hoy como una “caja negra”, y cualquier solicitud de transparencia es respondida con ataques y hostilidad, evidenciando una lamentable pérdida de la altura profesional que debería caracterizar a nuestro gremio.
    PETITORIA E INVITACIÓN NACIONAL:
    Exigimos a la Asamblea Legislativa avanzar con urgencia en el Proyecto de Ley 24479 para garantizar la transparencia obligatoria en estas pruebas. Asimismo, convocamos a todos los estudiantes de Derecho, egresados, postulantes, familiares y colegas solidarios a manifestarse:
    🗓️ Día: Martes 2 de junio de 2026
    ⏰ Hora: 12:00 MD
    📍 Punto de Encuentro: Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

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